La cantante afronta una demanda en Estados Unidos por faltar a un concierto en Tunja en el 2010.
El juicio contra la cantante mexicana Paulina Rubio en Estados Unidos por presunto incumplimiento de contrato al no actuar en un concierto en Colombia en el 2010 fue aplazado y posiblemente se celebre la próxima semana, informó este martes la defensa de los demandantes.
"Tal vez se efectúe la semana entrante. La jueza encargada del caso tiene un juicio de otro caso no relacionado con la demanda", dijo una portavoz de la oficina del abogado Richard C. Wolfe.
Rubio afronta una demanda por casi un millón de dólares interpuesta en un tribunal estatal de Florida en noviembre del 2010 por CMG Entertainment, con sede en Miami, el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá y la corporación cultural Viva La Música.
Wolfe esperaba que el juicio comenzara este miércoles si la jueza Abby Cynamon terminaba con el otro proceso judicial, algo que finalmente no sucedió.
El letrado dijo que incluso es posible que el tribunal reasigne el caso para agosto próximo y confirmó que la cantante mexicana deberá estar presente en el juicio.
Según el documento judicial del caso, al que Efe tuvo acceso, la llamada "Chica de oro" de la música pop en español firmó contrato con CMG Entertainment, el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá y la corporación cultural Viva La Música para cantar en dos conciertos, uno en Bogotá el 28 de agosto y otro en la vecina ciudad de Tunja tres días después.
Sin embargo, la artista no acudió al segundo concierto donde estaba "el presidente de Colombia, el gobernador de Boyacá, numerosos funcionarios y los dignatarios de 23 países", de acuerdo con la demanda.
Tras la interposición de la demanda, en el 2010, Wolfe explicó entonces a Efe que "alcanzamos un contrato con ella que tenía que cumplir y no apareció. Teníamos a 30.000 personas esperando que ella apareciera y no lo hizo".
Los demandantes estuvieron de acuerdo en pagar a Rubio 100.000 dólares por los dos conciertos, además de suministrar el transporte desde Miami a Colombia, los hoteles y el traslado por tierra desde Bogotá a Tunja.
Según la demanda, la cantante exigió trasladarse a Tunja "solo si los demandantes estaban de acuerdo en suministrarle un avión privado".
CMG Entertainment fletó el avión y contrató a un piloto a un costo de 6.000 dólares, pero las autoridades de Medellín le impidieron volar porque era ilegal hacerlo directamente a la hora que tenía previsto por restricciones sobre cierto espacio aéreo.
La artista envió un mensaje de correo electrónico a los demandantes informando que "debido al clima no se le permitió aterrizar en Tunja", según el documento judicial.
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