“Si usáramos una metáfora para definir la corrupción, asemejaría la de unas polillas devorando una embarcación en medio del océano; cada uno de los insectos se beneficia hasta que la nave colapsa, y la totalidad de las polillas muere ahogada.” -José López Presa, México 1998.
La corrupción gubernamental en Puerto Rico ha llegado a tal punto que empresarios admiten que en las últimas décadas se ha vuelto rutinario separar una partida de sus presupuestos para asegurar sus contratos con el gobierno y están dispuestos a pagar a los funcionarios unas buenas tajadas de las ganancias de esos contratos si los favorecen.
Para colmo de males, funcionarios públicos que también fueron consultados en una extensa investigación académica reconocen que han sucumbido a alguna petición económica ilegal para tener acceso a adelantar sus causas o intereses, sean personales o de negocio.
Hallazgos como estos fueron el resultado del estudio “Proyecto sobre el mal uso de los recursos del gobierno” auspiciado por la Oficina del Contralor, que también reveló, entre otras cosas, que los empresarios encuestados admiten que existe un alto de nivel de corrupción relacionado a la compra y venta de influencias para alterar las leyes o las decisiones del gobierno.
Así, este estudio puso en blanco y negro las modalidades y tendencias crecientes de la corrupción en las tres ramas de gobierno y en los municipios.
Muchas de las conclusiones del estudio fueron categóricas:
- El 46% de los empresarios encuestados admite que la corrupción en su industria es de “nivel intermedio a muy alta”.
- El 23% de los empresarios tiene una partida de su ingreso presupuestado para hacer regalos o “tener detalles de cortesía” con funcionarios públicos.
- Casi un 30% reveló que se ha visto en la obligación de contribuir a campañas políticas.
El motivo del estudio, llevado a cabo por siete profesores del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, luego de un acuerdo con la Oficina del Contralor, fue subsanar la ausencia de estadísticas que auscultaran la realidad del mal uso de fondos públicos en Puerto Rico.
Esta investigación, del cual este diario consiguió copia, es la primera de este tipo que se realiza en Puerto Rico, según los autores de la misma.
Se le cuestionó a los investigadores la vigencia de la investigación, pues según explican, los datos de los hallazgos se basan en informes de auditorías del Contralor publicados entre julio de 1997 hasta junio de 2008. Los datos de opinión general fueron estudiados de todos los informes del 1952 hasta el 2009.
Alicia Rodríguez Castro, una de las investigadoras y autora de dos de los siete capítulos del estudio, aseguró que los trabajos investigativos y de naturaleza científica no tienen que llegar hasta el presente y tienen vigencia.
“Las condiciones en que se da la corrupción no han cambiado significativamente y (el estudio) cubre un largo período de tiempo”, justificó la profesora.
Corrupción en aumento
Según la doctora Eileen Segarra Alméstica, directora de la investigación, las auditorías de la Oficina del Contralor demuestran un aumento sustancial en los casos que llegan a contraloría.
“El índice comenzó su ascenso en el 1984, mostró su punto más alto en el 2003 y luego en el 2008”, indicó durante una mesa redonda con Rodríguez Castro y el profesor Héctor M. Martínez, también participantes del estudio.
También la percepción de los encuestados es que la corrupción ha crecido. El 66% de los empresarios cree que la corrupción ha ido en ascenso y un 56% de los empleados o funcionarios públicos encuestados piensa lo mismo.
Así, un 12% de los funcionarios cree que se ha reducido y un 9% de los empresarios también cree que ha disminuido. Mientras, tres de cada diez funcionarios creen que se ha quedado en el mismo nivel y cerca de dos de cada diez de los empresarios opinó igual.
Puerto Rico en el Mundo
Los resultados del estudio concuerdan con el análisis internacional.
El índice de corrupción generado por Transparencia Internacional, la organización mundial anticorrupción, refleja que la corrupción en Puerto Rico se ha intensificado desde el 2008 al 2011 a pesar de que el país se sitúa entre los 40 menos corruptos del mundo.
En el 2008 la Isla ocupó la posición 36 entre un total de 182 países. En el 2011 empeoró y se ubicó en la posición 39. Entre más alto es el número, peor la calificación.
El país menos corrupto, según el estudio, es Nueva Zelanda y el peor es Somalia, en el indicador 182. Estados Unidos ocupó el año pasado la posición 24.
En el 2009 el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en la Isla estimó que la corrupción le cuesta al país cerca de $860 millones en pérdidas anuales.
Sin embargo, para la economista Rodríguez Castro, esta cifra es casi imposible de calcular con exactitud, por lo que podría ser muchísimo más.
Lo que sí pudo confirmar la economista es que “la corrupción reduce la inversión, y consecuentemente el crecimiento económico aún en países con excesivas reglamentaciones burocráticas”.
El costo social de la corrupción podría ser incalculable.
“Varios estudios han demostrado que la corrupción atenta particularmente contra los pobres, pues les niega los recursos que pudieran ser utilizados pra beneficiarlos. Aumenta la separación entre clases sociales, entre regiones, comunidades y diferentes grupos étnicos de los países”, sostuvo la economista.
Según la investigación de Rodríguez Castro, “los gobiernos corruptos se distinguen por ser violadores de derechos humanos y constitucionales de sus ciudadanos y utilizan la fuerza coercitiva del Estado para reprimir a los que protestan por la corrupción”.
Además, según la economista, la corrupción tiene un costo ambiental, pues promueve y desarrolla grandes proyectos de infraestructura social con el fin de generar oportunidades para que pueda darse el soborno, la extorsión y otras transacciones ilícitas.
“Se violan leyes ambientales aprobadas y se degradan los recursos y la calidad de vida de la sociedad y el hábitat natural de varias especies en peligro de extinción”, expresó.
Cuánto cuesta combatirla
En los últimos años el país ha pagado cerca de $434 millones para combatir la corrupción entre las tres principales agencias locales, según los presupuestos publicados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La corrupción gubernamental ha estado entre las primeras preocupaciones en los resultados de la Encuesta de El Nuevo Día en los últimos diez años.
Y no es para menos, cuando el Estado ha invertido desde entonces cerca de $76 millones en las operaciones de la Oficina de Ética Gubernamental, $17 millones en la Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente y $341 millones en la Oficina del Contralor, según los presupuestos.
Este cálculo no incluye el costo de operaciones del Departamento de Justicia y su División de Integridad Pública. Tampoco calcula los fondos de la oficina del FBI en la isla que también investiga casos de este tipo.
Los factores causantes de la corrupción en mayor grado, según los encuestados, se deben en su mayoría a la falta de un sistema eficiente para combatir la corrupción, falta de rigor en la aplicación de las leyes, penalidades muy leves y la carencia de un mecanismo efectivo para compensar el buen desempeño de los funcionarios y empleados públicos.
Fuente:elnuevodia.com
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