LA PAZ.- El gobierno del Presidente Evo Morales no ha logrado desactivar el amotinamiento de los policías de baja graduación, una medida que hoy ha cumplido tres días con protestas callejeras y repliegue de efectivos a los cuarteles.
El conflicto, que estalló el viernes con la exigencia de una mejora salarial y la anulación de la Ley 101 sobre faltas disciplinarias, se ha extendido a todo el país. Según cálculos del gobierno, existen al menos 32.000 policías amotinados, el 90 por ciento de los efectivos de baja graduación.
La protesta fue reavivada hoy luego que un grupo de los amotinados rechazara un acuerdo preliminar firmado por la madrugada con el gobierno. Los movilizados exigen que en las negociaciones participen representantes de otras regiones.
En el acuerdo, el gobierno se comprometía elevar a 300 dólares el salario mínimo de los policías, lo que representaría un incremento del 50 por ciento, tal como los amotinados habían exigido. Sin embargo, surgieron discrepancias sobre la anulación de la ley 101.
La posición fue entregada hoy a los periodistas por la ministra boliviana de Comunicación, Amanda Dávila, quien responsabilizó por estas acciones a los opositores Movimiento Sin Miedo (centro izquierda) y Unidad Nacional (centro derecha). "Hay que evitar la violencia, sino vamos a lamentar muerte", apuntó.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, respaldó la posición de su colega al asegurar la existencia de informes de inteligencia que detectaron "una conspiración alentada desde sectores de la oposición que buscan generar conflictos sociales".
"El motín policial se debe a la errática política salarial y discriminación de los policías. Nosotros no definimos la política salarial", dijo el líder de la opositora Unidad Nacional, el empresario Samuel Doria Medina, al rechazar las alusiones del gobierno.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa anunció que los militares saldrán a las calles a realizar patrullajes y otras acciones vinculadas con el control del orden público
